
viernes, 23 de enero de 2026

La mayoría de las agrícolas de San Quintín, Baja California, contratan a los jornaleros bajo el esquema “saliendo y pagando”, a través del transportista,sin prestaciones ni seguridad social, señaló Venustiano Hernández, uno de líderes del movimiento laboral de la región.
Ese ahora es un grave problema en San Quintín, pues los transportistas o rancheros –no las agrícolas, que están vigiladas– son los que emplean a jornaleros en dicha modalidad y no se hacen responsables de ningún aspecto laboral, dijo Fermín Salazar, uno de los cinco voceros de la Alianza de Organizaciones para la Justicia Social, que surgió de ese movimiento.
Jornaleros llegan en la madrugada a los ranchos y comienzan a cosechar productos agrícolas a destajo hasta que terminan sus labores, sin prestaciones ni seguridad social.
La relación es con el transportista o ranchero, que al terminar el día recibe el dinero para pagarles y obtiene un porcentaje de cada trabajador, así como el cobro del servicio de traslado. A destajo, los que tienen mayor habilidad y fuerza son los que ganan un poquito más, comentan.
Para Venustiano Hernández, quien ha recorrido todos los campos agrícolas de la zona en la última década, “esta situación es culpa de nosotros por aceptar pagos ilegales de los patrones, que se aprovechan de la necesidad del jornalero y del gobierno, que no vigila que se cumpla la Ley del Trabajo o que está en complicidad, porque hasta avisa a las agrícolas cuando harán inspección”.
Reiteró que en esos ranchos no hay contratos entre trabajadores y patrones; además, hay empresas que firman acuerdos por sólo tres meses, sin protección para el empleado.
Ya hace una década del conflicto con los jornaleros, que pararon la producción
en los campos del Valle de San Quintín, por seguridad social, cese al acoso sexual a empleados y por el hostigamiento a los trabajadores por mayordomos y supervisores.
Ha sido el más importante en la región, pues pararon ranchos desde Colonet hasta Vicente Guerrero, y se bloqueó la Carretera Transpeninsular, que une a Baja California con Baja California Sur.
El movimiento reunió a más de 70 mil jornaleros de San Quintín para exigir pagos justos, y jornadas de trabajo dignas.
La movilización empezó por los bajos salarios, pero se incluyeron otras exigencias. “Tuve en mis manos un expediente de 132 denuncias de trabajadoras por hostigamiento y acoso laboral y sexual”, recordó Hernández, quien apuntó que se señalaba a los mayordomos de cuadrilla y supervisores. Expuso que “bajó ese índice y ahora escuchamos pocas denuncias”.
Acotó que la protesta “empezó por la defensa de los derechos laborales: aguinaldo, días festivos, horas extras, capacitación, fines de semana, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social pues se ganaba muy poco dinero. Se ha mejorado el traslado de jornaleros, pues ya no se hace en carros de redilas sino en autobuses.
La Alianza de Organizaciones para la Justicia Social sigue viva, pero no con la fuerza ni capacidad de convocatoria, pues se dividió en dos partes y aunque se consiguió el registro del Sindicato Independiente Democrático de Jornaleros Agrícolas, ha dejado de luchar por los derechos de los trabajadores.
Estados