La fibra de coco en el ojo del huracán

La fibra de coco es empleada en hidroponia por la alta relación de carbono/nitrógeno que tiene, permitiendo que se mantenga químicamente estable. La retención de humedad que alcanza es muy buena, con un 57%. La fibra de coco tiene propiedades que previenen la desintegración típica de otros sustratos, por lo cual es posible utilizarlo durante varios años.

Pero actualmente este sustrato vive en México una situación compleja marcada por un conflicto con consecuencias económicas significativas para el sector. Lo que comenzó como un cambio de criterio en su clasificación arancelaria ha evolucionado en un problema estructural que hoy ya afectó a importadores, distribuidores e incluso productores bajo invernadero.

"Estamos viendo créditos fiscales de decenas de millones de pesos derivados de operaciones realizadas hace años", explica Emmanuel Mena, Licenciado en Derecho, Maestro en Derecho Fiscal y Doctorante por la Barra Nacional de Abogados, y director jurídico de la agencia de aduanas mexicana Stacomex, quien detalla cómo esta situación ha impactado directamente en la agroindustria.

Un cambio de criterio con efectos retroactivos

Históricamente, la fibra de coco se importaba a México bajo la partida arancelaria 1404, que implicaba el pago de un 10% de impuesto general de importación y estaba sujeta a inspección sanitaria. Sin embargo, a partir de 2008, la autoridad comenzó a reclasificar este producto en la partida 5305, exenta de arancel, lo que fue validado incluso mediante consultas formales por parte de los propios importadores.

Durante más de una década, este criterio se mantuvo estable, pero en mayo de 2021, la autoridad volvió a modificar su interpretación, determinando nuevamente que la fibra de coco debía clasificarse en el capítulo 14.

«El problema no es solo el cambio de criterio, sino que se está aplicando de forma retroactiva sobre operaciones ya realizadas», señala Mena. Y es que este cambio implica no solo el pago del 10% de arancel, "sino también sanciones por incumplimientos regulatorios asociados a la falta de inspección sanitaria, que no era exigida bajo la clasificación anterior".

El alcance del conflicto no se limita a las empresas importadoras. También afecta a distribuidores de insumos y a productores que importan directamente fibra de coco para sus cultivos hidropónicos.

Las empresas afectadas han optado por iniciar procesos legales, ya sea mediante recursos administrativos o directamente ante el Tribunal Fiscal. No obstante, recientes cambios normativos han endurecido estas vías de defensa.

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que el error en la clasificación no proviene exclusivamente de los operadores, sino de cambios en el criterio de la propia autoridad a lo largo del tiempo.